En su intervención, Gabriela Bermeo Valencia, abogada del Proyecto Socioambiental Dulcepamba, en representación de las comunidades afectadas en calidad de terceros interesados, resaltó que los graves incumplimientos de las obligaciones por parte de Hidrotambo constan en tres informes de control de cumplimiento publicados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). También destacó que como resultado de estos incumplimientos, se han violado los derechos constitucionales de miles de personas y de la naturaleza.

Además, señaló: “En la Ley de Recursos Hídricos y en el Código Orgánico Administrativo, se establece claramente la obligación de velar por el interés público, también llamado interés común, y es pague de la especialidad de la materia de esta Cartera del Estado, de este recurso y de esta diligencia". 

La abogada solicitó que el MAATE revise la autorización de aprovechamiento productivo de agua concedida a Hidrotambo junto a las resoluciones que se encuentran en firme. También solicitó que, en el caso de que se revierta la autorización de agua de Hidrotambo, la obra sea removida de forma técnica y que se establezca la remediación y medidas para la conservación y restauración del río Dulcepamba.

En su intervención, el abogado de la empresa hidroeléctrica alegó que Hidrotambo no ha incumplido con sus obligaciones; sin embargo, como la autoridad del agua (MAATE) abrió el proceso de reversión de oficio, es claro que se observaron incumplimientos en la ejecución y operación de la autorización del aprovechamiento de aguas para fines comerciales.

Después de las réplicas de ambas partes, el MAATE cerró la audiencia. La siguiente fase procesal será la de pruebas por un término de 6 días.

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica cuenta con los argumentos jurídicos y técnicos para revertir la autorización de aprovechamiento de aguas concedida a Hidrotambo. Esperamos que se respete el debido proceso y se actúe bajo una debida diligencia de manera transparente y célere, observando los principios y preceptos que regulan la administración pública. Este proceso debe incluir la observación de las pruebas concluyentes sobre los reiterados incumplimientos de las obligaciones socioambientales por parte de Hidrotambo durante más de tres años contados desde la fecha que se emitió la resolución administrativa No. 2018-008. También se deberá considerar las sistemáticas vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza que han sido demostradas durante los últimos 18 años.

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