El Tribunal de Garantías Penales de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, ha convocado a una audiencia de juicio contra los defensores/as de la naturaleza María Ortega, Piedad Guaranda y Wilfrido Escobar. Esta audiencia se llevará a cabo a las 8h30 del día lunes, 17 de junio de 2024.

En octubre de 2021, María Ortega, Piedad Guaranda y Wilfrido Escobar fueron denunciados por un trabajador de la empresa minera Curimining S.A., subsidiaria de la canadiense Adventus Mining Corporation, que gestiona el proyecto Curipamba en las provincias de Bolívar y Los Ríos, por el presunto delito de violación a la propiedad privada. Este proceso fue presentado ante la fiscalía del cantón Ventanas, provincia Los Ríos, ya que el supuesto evento tuvo lugar en la comunidad Pasaje, ubicada en la misma provincia.

Las tres personas denunciadas pertenecen a comunidades distantes geográficamente y no se conocían antes de ser acusadas en el mismo proceso. Además, no se encontraban en el mismo lugar el día del supuesto evento que originó la denuncia. Los acusados sospechan que han sido identificados por su calidad de dirigentes comunitarios y creen que estas denuncias son una represalia por su pacífica y legítima defensa de sus territorios y de la naturaleza contra los efectos negativos del extractivismo minero.

De igual forma, los tres recibieron la notificación de esta denuncia pocas semanas después de que Wilfrido Escobar, junto con Fausto Arechua (dirigente de la comunidad Jerusalén del cantón Las Naves) y Gilberto Talahua (expresidente de la FECAB BRUNARI), fueran también denunciados por otra persona vinculada a la misma empresa minera, por un delito similar. 

Además, durante el mismo periodo, otros seis defensores de distintas partes de la provincia de Bolívar, entre ellos Freddy Díaz, Luis Caiza, Oswaldo Lumbi, Napoleón Yunapanta, Ángel Rochina y Patricio Borja, fueron denunciados por el presunto delito de "asociación ilícita" relacionado con su activismo pacífico contra la incursión de la empresa minera Curimining. 

En los tres casos, los denunciantes tienen vínculos laborales o son familiares de empleados de Curimining. Además, los denunciantes están representados por el mismo bufete de abogados contratado por la empresa minera. En ninguno de estos tres casos existen pruebas de que los defensores/as hayan actuado de forma ilegal. Esta coincidencia ha levantado sospechas sobre un posible patrón de persecución.

Invitamos a todos los periodistas y medios de comunicación a asistir a esta audiencia para dar cobertura y visibilidad a este importante caso. Su presencia es fundamental para garantizar la transparencia y el derecho a la información en este proceso que afecta a defensores/as de la naturaleza y líderes comunitarios.